jueves, 15 de marzo de 2007

Dos empleadas de las fábricas de aerografía textil dicen en el juicio por el caso ardystil que no usaban protección

Dos empleadas de las fábricas de aerografía textil dicen en el juicio por el caso ardystil que no usaban protección - 13/03/2003

Las dos testigos que declararon el martes ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante por el denominado 'síndrome Ardystil', afirmaron que en el tiempo en el que estuvieron trabajando en empresas de aerografía textil no tuvieron "ninguna protección" y que se formaba neblina mientras trabajaban.
Raquel López Sánchez --trabajadora de Aeroalcoy durante cuatro meses-- y María Isabel Castañer --empleada durante un años de Aeroreig y dos en Aerobrix-- dijeron, durante la décimocuarta sesión de la vista oral, que se empleaba la "bastante cantidad al día" del disolvente Súper Fluid-K para limpiar las manchas.
Los hechos juzgados ocurrieron en 1992 cuando seis personas fallecieron por el uso de productos químicos combinados utilizados en la estampación textil de varias empresas de Alcoy, Cocentaina y Muro de Alcoy (Alicante), sin los conocimientos para hacerlo y en unas condiciones de trabajo insalubres, según el escrito inicial del fiscal. Por estas condiciones, también resultaron afectadas otras 67 personas de neumonía, hiperreactividad bronquial, fibrosis pulmonar y bronquitis obliterante con neumonía organizada (BONO).
Por su parte, Raquel López relató, a preguntas del fiscal, que en Aeroalcoy se trabajaba sin extractores "de ningún tipo y sin mascarillas". Así mismo, dijo recordar que los bidones de los productos que se usaban "llevaban el pictograma de la calavera". Esta trabajadora estuvo bajo tratamiento con corticoides durante ocho meses tras detectarse el 'síndrome Ardystil'.
Actualmente, López aseguró que sufre "fuertes" dolores de cabeza, cólicos renales y hernia de hiato y que además acude a revisiones médicas anuales.
María Isabel Castañer aseguró que no trabajó con protección personal en Aerobrix porque "no había" y dijo que en Aeroreig, la última empresa en la que estuvo, se compraron mascarillas de papel "tras la muerte de la segunda chica".
Así, señaló que tras esta muerte, los empleados de Aeroreig solicitaron pasar una revisión médica "por miedo a lo que estaba pasando", una revisión que, según indicó, era la "única" que le hicieron mientras trabajó en la aerografía. Castañer fue también sometida a tratamiento tras detectarse el 'síndrome Ardystil' y sufre actualmente dolores "fuertes" de cabeza, pérdida de memoria y de visión, y dolores en los huesos.
Ambas operarias coincidieron al afirmar que mientras trabajaron en estas fábricas de estampación textil no recibieron "nunca" cursillos sobre seguridad e higiene en el trabajo, ni fueron informadas por parte de los empresarios de que trabajaban con productos químicos.
También compareció ayer como testigo, el trabajador de la empresa de aerografía textil Aerobrix Emilio Margarit, encargado de realizar las mezclas de los colores, quien aseguró que no cuenta con "ninguna" titulación académica para manejar productos químicos. Asimismo, afirmó que sí había mascarillas pero que eran "muy molestas" y no se podían usar más de una hora porque "irritaban la piel".
Ante la jueza que lleva el caso, Virtudes López, declaró también el que fue representante legal de la empresa Guzmán, proveedora que comerciaba con productos de Solvay --que comparece como responsable civil en la causa--, Miguel García Guzmán-Martínez.
Miguel García aseguró que durante el periodo de tiempo en el que sucedieron los hechos suministró a Ardystil y "otras empresas" el disolvente Súper Fluid-K --1.1.1. Tricloroetano--, producto que iba "muy bien etiquetado en francés". Dijo que disponían de las hojas técnicas del producto pero que no se suministraba a los compradores porque no era una obligación legal.
Por su parte, el encargado del almacén Orts Simó --proveedores del disolvente I-52, Solvetane y Acido Acético--, Antonio Pla, afirmó que el ácido acético es un producto "peligroso, por lo que en el etiquetado ponía cómo usarlo". Así mismo, dijo que las multinacionales les proporcionaban las fichas técnicas de los productos, que no era "obligatorio" distribuir entre los compradores, según la legislación vigente en ese momento.
Estos dos últimos representantes de las empresas proveedoras afirmaron que para la manipulación de estos productos sus trabajadores adoptan medidas de seguridad como guantes, gafas, mandiles y botas y que incluso en los almacenes en los que se guarda carecen de paredes para "evitar su concentración en el ambiente".
Además, en las zonas de envasado existen sistemas de extracción localizada "pese a estar al aire libre". Por último, declaró el representante legal de la empresa barcelonesa Sipesa --proveedora del Súper Fluid-K--, Pedro Sagrera, quien dijo que compraba el producto a ICI España --empresa que comparece como responsable civil en la causa--.
Sagrera declaró que fue el introductor del Súper Fluid-K en España, nombre que comercializó porque era "el mismo" con el que se vendía en Alemania y Suiza. Además dijo que se recibía en bidones de 270 kilos que se repartían en garrafas de 200, 10 y 2 litros, "perfectamente" etiquetadas ya que se indicaban las clases de riesgo "clásicas" como la de "no respirar vapores".
Asimismo, afirmó que ICI "siempre" le envió las hojas de seguridad relativas al producto que "incluso" contrastaba con las hojas de seguridad de la Generalitat Catalana. Unas hojas que, afirmó, se copiaban y se enviaban a los clientes "incluso antes de ser obligatorio". Además, llegó a afirmar que la toxicidad del Súper Fluid-K "era minúscula" y que incluso en dos ocasiones unos trabajadores se lo bebieron al confundirlo con agua "sin mayores consecuencias".

Fuente de los datos: Europapress
http://www.prevencionintegral.com/

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