La dueña de Ardystil declara en el juicio que nunca nadie le advirtió de la toxicidad de los productos químicos utilizados

La dueña de Ardystil declara en el juicio que nunca nadie le advirtió de la toxicidad de los productos químicos utilizados - 07/02/2003

La propietaria de la empresa textil de Cocentaina (Alicante) y principal imputada en el 'caso Ardystil', J.Ll.S, declaró ayer durante la segunda sesión del juicio por esta causa que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante que "jamás nadie" le advirtió de la toxicidad de los productos químicos empleados en la estampación de telas que se usaban en su compañía.
La dueña de esta fábrica de estampación textil aseguró que los productos suministrados por la compañía Bayer "no llevaban etiquetas que indicaran la composición del producto o indicaciones de uso ni funcionamiento" y tampoco cuando se tuvo que cambiar la fórmula del estampado.
Los hechos ocurrieron entre los meses de febrero a noviembre de 1992 cuando un total de seis personas fallecieron por el uso de productos químicos combinados utilizados en la estampación textil de varias empresas, sin los conocimientos para hacerlo y en unas condiciones de trabajo insalubres, según el escrito inicial del fiscal. Por estas condiciones también resultaron afectadas de neumonía, hiperreactividad bronquial, fibrosis pulmonar y bronquitis obliterante con neumonía organizada (BONO) 67 personas más.
J.Ll.S aseguró que quien se encargó en un primer momento, cuando se montó Ardystil, fue un hombre que declaró como testigo "pionero en Alcoi en este tipo de empresas" para que le asesorara, siendo éste, según la acusada, quien realizaba las mezclas, ya que ella no tenía "ningún conocimiento" sobre el tema. Posteriormente, cuando Casal abandonó la empresa, el trabajo pasó a realizarlo otra testigo.
En cuanto a la situación laboral existente en Ardystil dijo que había una estufa de gas-oil en medio de la sala con salida de humos al exterior y que las neblinas se producían cuando los trabajadores pintaban las piezas. Las ventanas "solamente" se abrían en verano y los extractores estaban ubicados encima de las ventanas, no localizados sobre las mesas. Además dijo que los extractores se pusieron tras el fallecimiento de la primera víctima, Isabel Miró, y "un año después" de que empezara a funcionar Ardystil.
Asimismo, J.Ll.S declaró a preguntas del fiscal, que existían mascarillas desechables a disposición de los empleados desde el inicio de la actividad empresarial, aunque más tarde y a preguntas de uno de los abogados de la acusación particular, dijo que fueron las trabajadoras quienes las solicitaron.
"Ellas las pidieron porque dijeron que en las otras empresas --en las que habían trabajado-- las llevaban", dijo y afirmó que las empleadas preferían utilizar mascarillas que se habían confeccionado en sus casas porque "eran más cómodas".
La dueña de Ardystil aseguró que también había mascarillas con filtro homologadas pero que no se usaban porque eran "muy aparatosas" e impedían "hablar, fumar y cantar". La acusada "jamás" tuvo una conversación con sus empleados sobre el uso de las mascarillas porque no era "consciente de que era perjudicial".
Por último, J.Ll.S afirmó que todas las inspecciones que Trabajo llevó a cabo en Ardystil --de las que dijo recordar tres-- se basaron en cuestiones de los trabajadores como las altas en la Seguridad Social y "nunca" sobre seguridad laboral.
J.Ll.S. reconoció, con lágrimas en los ojos, el nombre de cada uno de los trabajadores --cinco mujeres fallecidas-- que el fiscal leyó y que trabajaban en Ardystil en aquella época.
A lo largo de la sesión de ayer, también declaró el acusado J.L.P.G, encargado de la empresa, quien coincidió con la empresaria en declarar que no había indicaciones en los envases de los productos químicos que se empleaban, ni de su composición, "sólo el nombre del producto y el de la empresa".
Además aseguró que cuando se enteró "a última hora" de que algunas de las trabajadoras sangraban por la nariz "llamamos a Bayer para saber la toxicidad y nos dijeron que sólo era peligroso si se ingería, nada de toxicidad por inhalación". J.L.P.G reafirmó que las empleadas tenían mascarillas a su disposición aunque dijo que "unas las usaban y otras no "porque son molestas e impertinentes de llevar".
A esta segunda sesión del juicio acudieron alrededor de 60 personas entre familiares y afectados que desplegaron una pancarta con el lema 'Somos la conciencia del pueblo' que llevaba las fotografías de alguna de las fallecidas. Asimismo, se oyó algún grito aislado de "vergüenza" al paso de la dueña de Ardystil antes de entrar en la sala y de "payasos y mentirosos" a la salida.
La presidenta de la Comisión de Afectados, Amparo Pascual, afirmó que a lo largo del juicio "se demostrará" si las empresas cumplían las medidas de seguridad ya que "si hay seis personas en el cementerio será por algo".
Por su parte, el abogado defensor de la propietaria y el encargado de Ardystil, Pedro Soriano Nicolau, consideró que su defendida "ha contado lo que ocurrió y nada más". Las sesiones se reanudarán el próximo martes, 11 de febrero, con la declaración de dos de los acusados, socios de la empresa Aeroman.
Los acusados son los responsables de las empresas de aerografía Ardystil, Aeroman, Aerotex, Aerografía Textil, Aeroreig, Aeroalcoy, Aerobrix y Boncolor --ubicadas en Alcoi, Muro de Alcoi y Concentaina, en la provincia de Alicante--, sobre los que pesa la acusación de haber cometido un delito de imprudencia temeraria de 1989 a 1992 .
Además, las acusaciones particulares han imputado al inspector de trabajo, Alfredo O. por no haber detectado las posibles condiciones de insalubridad en gran parte de estas empresas.
El fiscal solicita para los acusados, penas que oscilan entre un año de prisión menor y seis años y un día de prisión mayor y considera responsables civiles subsidiarios a cuatro empresas textiles, tres industrias químicas --que fabricaban los productos empleados por las empresas de estampación textil--, cinco compañías aseguradoras, la Generalitat Valenciana y el Estado.
En cuanto a las indemnizaciones por las víctimas y trabajadores afectados, las cifras solicitadas por el fiscal oscilan entre los 36.000 y los 120.000 euros. Para Susana Javaloyes, sometida a un trasplante bipulmonar, el Fiscal solicita más de 240.000 euros de indemnización.

Fuente de los datos: Europapress
www.prevencionintegral.com