La Generalitat Valenciana asume la multa del inspector de Trabajo condenado por el “caso Ardystil”

La Generalitat Valenciana asume la multa del inspector de Trabajo condenado por el “caso Ardystil” - 02/04/2004

La Generalitat Valenciana asumirá las multas a las que fue condenado el inspector de Trabajo Alfredo Ortolá por el “caso Ardystil”, cuya cuantía total asciende a 1,3 millones de euros. No obstante, la Administración autonómica mantiene el recurso de casación que presentó contra la sentencia que la declaraba responsable civil subsidiaria.
El letrado de la Generalitat encargado del caso Ardystil ha presentado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante un escrito por el que la institución asume el porcentaje de la responsabilidad civil que atañe al inspector de trabajo Alfredo Ortolá Hernández, que no detectó las condiciones de insalubridad en la empresa de aerografía que conllevaron la muerte de seis trabajadores y enfermedades pulmonares en 66 más entre febrero y noviembre de 1992.
En este escrito, el letrado suplica que la sala acuerde la sucesión de la Generalitat Valenciana en la posición ocupada por Alfredo Ortolá y en la proporción que a él le corresponda asumir(cerca de 1,3 millones de euros), y solicita que suspenda el procedimiento de ejecución provisional durante el plazo de un mes, teniendo en cuenta el principio de legalidad presupuestaria por el que se exige la previa consignación presupuestaria de los fondos suficientes para atender a un pago.
El escrito tipifica que en el auto del juez existe un error en las cuantías señaladas ya que refleja, en los antecedentes, que la cantidad referida a Alfredo Ortolá es de 128.633,32 euros cuando, efectuada la suma de las cantidades desglosadas, esta asciende a 1.286.333,34 euros.
Esta decisión, tomada por la Generalitat tras recibir los autos de la sala notificados con fecha de 26 de febrero de 2004, llega como consecuencia de la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat ante la acreditación de insolvencia económica por parte de alguno de los responsables directos de un delito.
La Generalitat considera probado que la ejecución provisional despachada causa un grave perjuicio a la persona y a los bienes de Alfredo Ortolá, de tal forma que, con su patrimonio personal, no puede hacer frente a la medida adoptada.
Aún habiendo formulado un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia el 30 de junio de 2003 al no reconocer su imputación como responsable civil subsidiaria, la institución autonómica se hará cargo de la responsabilidad directa por la cuantía a la que ascienda la posible responsabilidad civil derivada del delito. Así, la Generalitat asume el porcentaje de la responsabilidad civil que atañe a Alfredo Ortolá (el 50% frente a Juana Llácer; el 25% frente a ésta, Vicente Pla y Vicente Almiñana, y el 33,3% frente a Juana Llácer y José Fernando Vercher).

Fuente de los datos:
Las Provincias
http://www.prevencionintegral.com/